El Gobierno de Perú Envió un Proyecto al Parlamento que Sancionaría a Medios y Periodistas por Difusión de Escuchas Telefónicas

De tres a cinco años de prisión recibirían las personas que comercialicen, adquieran, transfieran o reproduzcan información obtenida a través de la interceptación telefónica u otro procedimiento ilegal.
En caso de tratarse de funcionarios públicos involucrados, la norma propone una pena entre cuatro y seis años.
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