La Asociación por los Derechos Civiles /ADC y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, de Nueva York, acaban de terminar un estudio sobre la manipulación de la publicidad oficial en la censura indirecta.
El informe es conocido como El Precio del Silencio y entre otras cosas destaca que “la falta de transparencia que existe en el proceso de contratación de la pauta oficial, en especial si se combina con una centralización de la toma de decisiones en la persona de funcionarios designados políticamente, conduce a abusos políticamente motivados en la asignación de publicidad oficial y a un control mínimo o inexistente por parte de los ciudadanos y la sociedad civil”. Y lo que es peor aún, es que el gobierno hace uso arbitrario de un dinero que, en realidad, fue provisto por los ciudadanos que lo han tributado mediante el pago de impuestos.
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